La Legislatura porteña aprobó la primera lectura de un proyecto de ley que contempla modificaciones para las próximas décadas. Habrá audiencia pública y segunda votación final. El Gobierno también busca reducir los costos en expensas.
El primer jueves de septiembre la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la primera lectura de dos proyectos de ley para modificar los Códigos Urbanístico y de Edificación, que datan de los años setenta. Estos cambios se discutirán en audiencia pública y en una segunda votación final. Regirán durante las próximas décadas. En tanto, la administración capitalina impulsa medidas para bajar el costo de las expensas que, transcurrido ya un tercio de 2018, subieron casi 40%.
El Gobierno porteño defiende los cambios en los Códigos y dice que es para frenar la altura de torres, preservar las identidades barriales y facilitar la construcción de nuevos inmuebles. Hay rechazo de entidades barriales, quienes aseguran que se favorecerá la especulación inmobiliaria.
La propuesta original de cambios se planteó a fines de 2016 a través del Consejo del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad. Luego hubo discusiones en las Comunas con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. También, por medio de una medida judicial impulsada por entidades barriales, hubo un foro en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, en Parque Patricios.
Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte porteño, se establecen alturas máximas de construcción, para respetar la identidad de cada barrio. También se ordena la estética de las cuadras, para propiciar un espacio público más amigable y se promueve una ciudad con varios ejes y centros de comercio y esparcimiento. “Se plantea un desarrollo urbano consciente a partir de la identificación y creación de unidades sustentables, que se desarrollarán entre avenidas o calles transitadas”, añaden fuentes oficiales.
Se implementará la Ley de Plusvalía, un impuesto por el nuevo valor del suelo tras la modificación de los Códigos: “En este escenario, y como resultado del nuevo Código Urbanístico, se generarán cambios en los valores del suelo: habrá parcelas de la Ciudad en las que se podrá construir más. Este valor adicional que adquiere la propiedad gracias al cambio de normativa que realiza el Gobierno de la Ciudad, es llamado plusvalía urbana”. El dinero obtenido se usará para vivienda y equipamiento social; obras de infraestructura de transporte y servicios; espacios públicos; integración de barrios vulnerables.
El nuevo Código de Edificación “elimina la obligatoriedad de la vivienda del encargado y la reemplaza por un vestuario; incorpora nuevos materiales y sistemas de construcción más eficientes, como el durlock y el Steel Framing; elimina la obligatoriedad de usos de materiales específicos. El Código vigente detalla algunos aspectos particulares y anticuados, como la obligación de que la mesa de cocina sea de mármol o que las paredes sean pintadas a la cal”. También elimina la obligatoriedad de tener bidet y fomenta la construcción de microambientes de 18 metros cuadrados. En la Ciudad ya existen, pero son una minoría.
Casi 100 organizaciones sociales, barriales y patrimonialistas porteñas presentaron una carta de rechazo y aseguran que habrá consecuencias negativas al avalar las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo porteño.
Entre otros puntos, las entidades sostienen que “son Códigos que desatienden las necesidades, los derechos y la calidad de vida de la ciudadanía para garantizar los intereses de los desarrolladores y especuladores inmobiliarios”.
“Ambos Códigos están netamente orientados a aumentar la capacidad constructiva de las parcelas, legalizar los permisos de obras ilegales otorgadas en la última década, garantizar seguridad jurídica y judicial a las desarrolladoras inmobiliarias e incrementar el precio del suelo y, consecuentemente, de las viviendas y de los alquileres, aumentando las inequidades producidas por el mercado inmobiliario”, añaden.
También dicen que “profundizarán el colapso actual de los servicios públicos por aumentar la densidad demográfica de la ciudad sin brindar ninguna herramienta urbanística nueva”. Nombran que destruirán “en forma progresiva y continua el patrimonio histórico-cultural de la Ciudad, transformando nuestro derecho colectivo, consagrado constitucionalmente, en un recurso económico al servicio de la especulación inmobiliaria”.
Las entidades que firmaron el rechazo a los nuevos Códigos sostienen que la ciudadanía no participó en su confección y que no se considera “la Propuesta Urbano Ambiental Vecinal”, que son 12 puntos consensuados durante reuniones vecinales de forma independiente. Allí proponen más espacios verdes, vacantes escolares y servicios públicos sin deficiencias.
Entre otras agrupaciones, suman su rechazo el Movimiento Comunero; Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC); Es Nuestra Buenos Aires (ENBA); Espacio Inter Consejos Consultivos Comunales; Basta de Mutilar Nuestros Árboles; Vecinos Agrupados de Caballito; Manzana 66 Verde y Pública; Proto Comuna Caballito.
En este contexto, el Gobierno local implementa la cuarta medida para bajar el costo final de las expensas. Ahora el Banco Ciudad ofrece la Cuenta Consorcio, la primera cuenta corriente totalmente gratuita del sistema financiero argentino diseñada para la administración de los edificios de la Ciudad. Estiman que se podrán ahorrar hasta $7.200 al año en los consorcios.
Esta medida abre la posibilidad a que los consorcios gestionen créditos a fin de hacer mejoras edilicias o financiar el mantenimiento. Los vecinos también pueden obtener una cuenta individual gratuita y acceder mediante la tarjeta de débito a todos los beneficios que brinda el banco.
“Seguimos adelante con el plan de medidas para reducir los costos que engrosan nuestras expensas. Hemos realizado un trabajo en conjunto con el Banco Ciudad para que ofrezca una cuenta gratuita que cubra todas las necesidades de los consorcios como el pago a proveedores, la inclusión de las cuentas sueldo para el personal y distintas líneas de créditos que permitirán mejorar la situación de los edificios”, afirmó Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana.
Con las cuatro medidas ya implementadas se estima que puede haber un ahorro de hasta $40.200 al año por consorcio. Las otras tres medidas son: se derogó el libro de datos periódicos por considerarlo burocrático; el certificado de edificio seguro, eliminado por redundante; y la desinfección, que dejará de ser un requisito mensual y se hará con la periodicidad que decidan los vecinos.
Este anuncio significa la aplicación de la cuarta medida de un total de 14 que componen el plan para hacer bajar los costos operativos que conforman las expensas. Una vez que estén todas operativas, estiman que el consorcio hará un ahorro de hasta $100.000 en un edificio tipo de 10 pisos con 20 unidades.
Juan Castro
