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13 noviembre, 2019
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Sociedad

Una mujer sufrió violencia por 15 años, ahora el estado deberá indemnizarla

Olga Díaz, de 47 años y cuatro hijos, viene denunciando desde el año 2002 a su ex marido, Luis Palavecino, por violencia de género, pero las instituciones del estado nunca hicieron nada.

La mujer, durante años intentó separarse de su ex marido, pero este se negaba, utilizando violencia física contra ella y sus 2 hijas.

Ella y sus hijas recibieron amenazas de muerte, golpes, y la destrucción de su hogar por parte de Luis Palavecino.

La causa estuvo frenada durante quince años, y hasta prescribió en el 2017, año en que el hombre acuchillo a Olga Díaz. Sin embargo, la justicia y la policía no hicieron nada, de esta situación es que se desprende la violencia institucional que sufrió la mujer.

El 24 de marzo de 2017 el hombre esperó que Olga Díaz saliera de su casa y la apuñaló cinco veces. Palavecino luego fue detenido, y Olga fue operada por lo que tuvo que permanecer internada durante más de un mes en el Hospital Pirovano.

Por eso, es que Olga Díaz se decidió  a realizar la denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, en la que pidió que su ex marido fuera retirado del hogar, que se le impidiera acercarse a sus hijos y a ella y que le adjudicaran un botón de pánico.

Se instruyó un expediente penal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional No. 12 y otro civil por violencia familiar en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No. 85 y otro, ambos juzgado pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires.
El Estado argentino confirma su responsabilidad por el deficiente tratamiento de la justicia del caso de Olga Díaz, que significó una vulneración de tratados internacionales.
El informe que emitió la Defensoría General de la Nación (DGN) donde se denuncia la violencia que sufrió Olga durante el proceso judicial, evidencia que se violaron «derechos fundamentales de la señora Díaz en tanto mujer víctima de violencia de género, quedando comprometido el deber estatal de actuar con debida diligencia reforzada frente a este tipo de casos». Ante la retórica de cómo fue que se violaron los derechos de la mujer, la respuesta es que el agresor fue informado “telefónicamente” y “sin disponerse resguardos suficientes para la denunciante”.
Olga Díaz manifestó que «Soy la voz de las que ya no pueden hablar. Esas mujeres no fueron escuchadas y yo fui una de ellas. Soy tan solo una sobreviviente”

Por su parte, Stella Maris Martínez, la Defensora General de la Nación señaló que «Se ha reconocido el derecho de una víctima que ha salvado su vida milagrosamente. Es una satisfacción moral que el Estado reconozca su responsabilidad. Estos casos pasan porque en el fondo todavía existe el prejuicio machista de que las mujeres mentimos. En la medida en que no se deconstruya esto que forma parte del imaginario popular, siempre vamos a encontrarnos con que las denuncias de las mujeres se minimizan”.

 

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