El Senado aprobó la nueva normativa como una respuesta integral, que es precursora en el mundo y sobre todo en la región, refiere al VIH y además incorpora en la misma normativa a las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis.
Luego de 30 años de proyectos que no pasaron a votación, nuestro país cuenta con una nueva ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, tras la aprobación del Senado. Esta normativa propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.
La iniciativa fue presentada originalmente por la diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos, y establece, entre otros puntos, la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.
En una votación casi unánime, el proyecto fue votado por sesenta votos a favor y uno en contra.
La nueva Ley cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.
Además, propone que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
En este sentido, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, podrán solicitar la jubilación a partir de los 50 años.
A su vez, el texto de la Ley también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías. La integración de esta comisión debe ser determinada por vía reglamentaria y garantizar representación federal y de géneros.
Otro de las innovaciones en el campo de la investigación que promueve la ley es la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.
En este sentido, el jefe de la Comisión de Salud, el oficialista tucumano Pablo Yedlin, elogió la actual Ley de VIH y la calificó como “precursora en el mundo y sobre todo en la región”. “Se diagnostican por año 4.500 casos con una tasa de 11 por cien mil. En tanto que la tasa de mortalidad está en 2,8 por cada cien mil habitantes”. Y agregó que “el treinta por ciento de los pacientes que se diagnostican lo hace en un período tardío de la enfermedad. El 65 por ciento de los pacientes se atiende en el sector público”.
