Debido a que el Gobierno Porteño no otorga cifras oficiales, diversas ONGs decidieron realizar el tercer censo de personas en situación de calle.
Según señalaron, “Dada la decisión del Gobierno de la Ciudad de llevar adelante un nuevo relevamiento de personas en situación de calle que subregistra población” y luego de incumplir con la propuesta de realizar un censo conjunto, las organizaciones harán su tercer censo popular.
En este sentido, y sabiendo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incumplió los compromisos firmados el año pasado para realizar de manera conjunta el censo, las ONGs “volverán a hacer su propio censo popular (el tercero), “para poder tener información fehaciente respecto a cuánta gente se encuentra viviendo en esta situación”.
Dentro del marco de la pandemia, las organizaciones señalaron que “Apenas las condiciones sanitarias lo permitan, las organizaciones que trabajamos la temática estaremos desarrollando el nuevo censo con la misma metodología empleada durante los censos 2017 y 2019”.
Y agregaron que “Esto implica su realización mediante un barrido territorial exhaustivo realizado a pie por quienes recorren los barrios cotidianamente, durante varios días y no solo de noche. Esto es fundamental para poder entrevistar y tener información específica sobre la situación en que se encuentran y, sobre esta base, diseñar políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de quienes no tienen un lugar donde vivir. En el relevamiento del año 2019, también muchas mujeres -incluso embarazadas- mencionaron problemas de violencia por lo cual tuvieron que abandonar su vivienda, visibilizando la ausencia de políticas específicas para esta población”.
Así las organizaciones brindaron los detalles acerca de la metodología que se usará para realizar el censo.
Asimismo, explicaron que “los resultados del censo popular de 2019 demuestran que el principal motivo por el cual la gente terminó en situación de calle fue la pérdida de empleo, que las dejó sin ingresos para poder pagar el alquiler. Esta situación se agravó durante la pandemia”.
“Según un relevamiento que realizaron el CELS y el IDAES en 2020, el 60% de los hogares inquilinos de la Ciudad tenía deudas de alquiler. A pesar de esta situación crítica, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no implementó ninguna política para contener a quienes podían quedarse sin su vivienda durante la pandemia. Tampoco puso en marcha políticas para garantizar que se cumpla el decreto 320 del gobierno nacional que, entre otras medidas, suspendió los desalojos”, señalaron desde las organizaciones.
