La primera imagen de Pablo Antonio Díaz comenzó a circular en los medios y en las redes sociales apenas horas después de que asaltara una panadería de Las Cañitas y violara a una empleada. Era una captura de pantalla en la que se observaba que el atacante vestía una remera blanca con un logo negro en el frente y un pantalón gris deportivo, y en la que además se distinguían sus tatuajes en ambos brazos. Se difundió el domingo. Por entonces, todavía no se sabía de quién se trataba. De eso se ocupó luego la División Individualización Criminal Análisis Forense Facial de la Policía Federal, clave para su captura.
El equipo de la PFA se sumó a la investigación que iniciaron la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo del fiscal José María Campagnoli, y la Policía de la Ciudad. Recibió las imágenes de las cámaras de seguridad que habían captado al sospechoso y las analizó. Sin embargo, como no eran nítidas, no se pudo reconocer el rostro del agresor con exactitud. Entonces, cotejaron los tatuajes que se veían en los brazos con una base de datos policial que contiene fotos de dibujos en la piel que llevan los criminales. La evaluación fue positiva.
A partir del resultado, los efectivos de la PFA rastrearon el frondoso prontuario de Díaz y le enviaron toda la información a sus colegas porteños. El análisis a las huellas dactilares en un envase de jugo que el agresor había llevado a la panadería, y olvidó en el lugar al escapar, completó la identificación.
De esa manera, la División Individualización Criminal concretó con éxito una nueva identificación, la número 353 en lo que va del año, según pudo saber Infobae.
Esta dependencia de la PFA es dirigida por la comisaria Laura Amigo y cuenta con un equipo de alrededor de 30 licenciados en criminalística y especializados en análisis forense facial.
La búsqueda de personas NN en bases de datos criminal y de personas civiles es una de sus tareas. “Otra es la parte pericial netamente, que es comparar rostros 1 a 1 para determinar si se tratan de la misma persona o no. Y después tenemos el arte forense que realiza las reconstrucciones fisonómicas, las progresiones de edad y las progresiones de rostros”, describió Amigo en diálogo con este medio.
Para identificar a los autores de delitos se emplean distintas técnicas y, fundamentalmente, el sistema LUNA de reconocimiento facial. Se trata de un programa de origen ruso que fue adquirido por el Ministerio de Seguridad de la Nación en julio de este año, pero que era usado por los agentes de la fuerza federal a modo de prueba desde 2018.
Básicamente, “el sistema hace búsquedas a través de un rostro en las bases de datos y arroja candidatos. Después, un experto en análisis forense facial es quien tiene que analizar el rostro y determinar si hay características o rasgos coincidentes. Y, luego de ello, se realiza una investigación, se obtiene mayor cantidad de material indubitable de esta persona, como fotografías”, explicó la comisaria a cargo de la División Individualización Criminal.
En el caso puntual de Díaz, su cara no se alcanzaba a distinguir plenamente en el material fílmico y fotográfico. En la división manejan herramientas que mejoran la claridad, el brillo y la nitidez de las imágenes, pero no van más allá. “Porque sino estaríamos alterando la evidencia”, dijo Amigo y apuntó que eso, además, complicaría la búsqueda en LUNA. Por eso fueron claves los tatuajes del acusado.
La comisaria resaltó que, cuando la imagen del NN es clara, “con condiciones técnicas apropiadas, el sistema arroja un 99,9% de similitud, con lo cual el técnico nada más tiene que describir las características”.
Antiguamente, un experto miraba las fotografías de un sospechoso, veía sus características y hacía un filtro para una búsqueda fisonómica. Luego, hacía un cotejo uno a uno, solamente, en una base criminal.
Con el sistema biométrico actual, en cambio, el rango de búsqueda se agiliza y se amplía sobre una base de datos de “aproximadamente 20 millones de personas”, que se va incrementando con cada ciudadano que tramita su DNI y que cuenta “con el agregado de otras 20 millones como parte de una licencia a préstamo actualmente”, detalló la jefa policial.
En la repartición trabajan frecuentemente en casos de ataques de viudas negras y cuentos del tío. “Hoy en día también tenemos muchas intervenciones por ciberdelincuencia. En fraudes a través de las redes sociales, en las compras que se hacen por Internet. Por ejemplo, a veces nos aportan una imagen de un perfil de WhatsApp o de un DNI falsificado -con el rostro adulterado- porque se necesita identificar a esa persona”, detalló.
Y siguió: “También identificamos a las personas que en redes sociales tienen un nombre falso o alguna abreviatura. Y en casos de narcomenudeo, nos mandan filmaciones o las capturas fotográficas de quienes hacen las transacciones para poder darle nombre a esas personas que están cometiendo un ilícito”.
Respecto de los desaparecidos, “se hace un retrato hablado”, una reconstrucción fisonómica que se aporta a la Justicia. “Hacemos progresiones de edad o envejecimiento facial para ver el aspecto actual de la persona que se busca. Se realizan en base a los rasgos genéticos que tengan de los familiares, a los que les solicitamos imágenes suyas. Por otra parte, también hacemos reconstrucción de rostros cadavéricos cuando se hallen en estado de descomposición o quemado. En esas situaciones el artista forense hace la reconstrucción y se publica la foto para poder dar con algún familiar que reclame esa persona”, agregó la comisaria.
Como parte de las funciones, además, existe un sector de atención al público en el que los agentes reciben a las víctimas o testigos de un hecho delictivo para exhibirles imágenes de personas con antecedentes con el fin de tratar de dar con el autor del ilícito. En estos casos, si hay un reconocimiento positivo se transmite la información a la Justicia para que avance con la investigación.
Uno de los casos resonantes en los que trabajó la División Individualización Criminal fue el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en el verano de 2020 en Villa Gesell y por el cual este año fueron condenados ocho rugbiers.
La intervención de la PFA fue esencial para reconstruir la secuencia del ataque, ubicar a los sospechosos en la escena y descartar a todos aquellos que no tuvieron responsabilidad. Se basó, en parte, en las coincidencias en indumentaria y contextura corporal, cuando los rostros de los involucrados no eran del todo distinguibles en los registros filmográficos de las más de diez cámaras que se analizaron.
Cuatro agentes declararon en el juicio y presentaron el informe multimedia en el que se señaló a cada uno de los agresores de Fernando. Al verse acorralado, uno de los imputados, Luciano Pertossi, pidió la palabra y dijo: “Quiero aclarar algo, ¿lo hago? Yo no estaba ahí”. Pero la evidencia fue contundente para el tribunal, que finalmente lo condenó a prisión perpetua.
